La Cámara de Diputados de la Nación tratará en los primeros días de agosto de 2026 el nuevo proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal con el propósito de facilitar la incorporación al sistema bancario de unos USD 170.000 millones que se encuentran fuera del circuito formal. El bloque oficialista de La Libertad Avanza buscará construir consensos con las bancadas dialoguistas inmediatamente después del receso invernal, tras la presentación de las modificaciones técnicas realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los cambios principales para incentivar la formalización
La nueva iniciativa gubernamental introduce correcciones técnicas solicitadas por profesionales tributarios para dotar de mayor seguridad jurídica al régimen, garantizando estabilidad frente a futuros cambios de gestión política. Entre las modificaciones más destacadas, el proyecto elimina los topes máximos de facturación y patrimonio vigentes para acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, permitiendo que un universo sustancialmente mayor de ahorristas regularice sus fondos informales.
Por otra parte, según se detalla , la propuesta establece un límite temporal preciso que fija el vencimiento del esquema para el 31 de diciembre de 2027. Esto elimina la naturaleza permanente que poseía la norma original aprobada a finales del año pasado y busca acelerar las decisiones de inversión de los particulares.
Flexibilización en los controles de ARCA
En materia operativa, el texto normativo modifica los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El margen de discrepancia permitida entre los ingresos declarados y los bienes reales se elevará del 15% al 30% antes de dar lugar a inspecciones profundas. Adicionalmente, el organismo fiscalizador no podrá recurrir a presunciones generales y tendrá la obligación de basar sus reclamos exclusivamente en información objetiva y verificable.
De acuerdo con lo informado, se incluye un mecanismo de rectificación exprés de 15 días hábiles que evita penalidades si el contribuyente salda las diferencias detectadas, junto con la obligación del Estado de reintegrar fondos con intereses en un lapso menor a 45 días en caso de fallos judiciales favorables al ciudadano.
Las negociaciones en el Congreso Nacional
El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, coordinará las rondas de negociación junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, conducidas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado respectivamente. Para habilitar el tratamiento en el recinto, el oficialismo requiere sellar el acompañamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO e Innovación Federal, replicando el esquema de alianzas parlamentarias previas.
En paralelo, desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria buscará introducir restricciones severas al articulado. La bancada adelantó que presentará modificaciones específicas destinadas a prohibir expresamente que las personas políticamente expuestas (PPE) y sus familiares directos hagan uso de estos beneficios impositivos simplificados.
